A finales de 2017, durante la clausura del 23 Congreso del Mercado de Energía Mayorista que se realizó en Cartagena, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, afirmó que antes de terminar el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, en Colombia las energías renovables no convencionales (eólica, fotovoltaica y biomasa) iban a ser fuentes clave del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Para esto el primer semestre de 2018 iba a ser el momento en el que una subasta de energía potencializaría este segmento. La oficialización de esta política se emitió con el decreto 0570, del mismo año, que establece los lineamientos básicos para integrar estas fuentes al mercado energético nacional por medio de una puja.

Por ahora, esta promesa parece incumplida, pues el mecanismo no ha logrado llevarse a cabo, pese a que en su momento el funcionario afirmó que “con este decreto estamos garantizando además la seguridad energética, porque cuando nos falte el agua o el gas, vamos a tener también el sol y el viento. Y esa diversificación nos hace menos vulnerables en casos como el Fenómeno del Niño”.

De acuerdo con la firma XM, filial de ISA y administradora del mercado de electricidad del país, el sistema eléctrico colombiano contaba hasta diciembre de 2017 con 16.830 megavatios (MW) de generación instalada al SIN, una carga que es suficiente para iluminar todos los hogares en el país, según la explicación de Daniel Romero, director de la Cámara de Grandes Consumidores de Energía de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

De ese total, las centrales hidroeléctricas tienen la mayor participación con 69,64 % de la capacidad instalada total. En segundo lugar, se ubican las centrales térmicas (gas y carbón), las cuales alcanzan de manera agregada el 18,27 %.

Mientras que las energías eólicas (18,3 megavatios) y solar (9,8 megavatios), en conjunto, alcanzaban apenas el 0,17 %. “No obstante, considerando los proyectos de generación renovables no convencionales con concepto de conexión de la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), se espera que para el 2023 el sistema eléctrico colombiano presente cambios importantes en su matriz energética, contando con más de 3.000 megavatios de fuentes alternativas”, apunta XM en su página web. Esa cifra representaría el 17,83 % del total con el que contaba el SIN a diciembre de 2017.

Desde enero de 2018, hasta el 30 de abril del mismo año, 130 iniciativas para la generación de energía fueron inscritas en el Registro de Proyectos Vigentes (RPV) de la Upme. Del número total de propuestas, 24 son de fuentes convencionales (hidráulico y térmico), y 106 de origen no convencional (eólico, solar y biomasa).

Si observamos en detalle las cifras, 16 proyectos de fuentes convencionales estarían en el departamento de Antioquia y aportarían 630 MW o 630 mil kilovatios (kW) al SIN, que podrían iluminar a unas 315 mil viviendas, pues según el director de la Upme, Ricardo Ramírez, una casa de estrato 2 consume entre 1 kW y 2 kW. Cuando se habla de las no convencionales el número de iniciativas llega a 9 y sumarían 1,1 MW.

“La demanda máxima del país está alrededor de los 10 mil MW de potencia y la capacidad instalada supera los 16 mil MW. Entonces estamos más que cubiertos desde el punto de vista de suministro. Sin embargo, todavía hay algunas zonas del país que no están interconectadas al SIN, pero el Gobierno, por medio de Minminas, está trabajando para que ello suceda”, destacó Romero.

Según el Banco Mundial, el 2,2 % de la población colombiana en el 2017, es decir, 1.084.415 ciudadanos no contaban con electricidad. “El acceso a energía es esencial para poner fin a la pobreza. A nivel mundial, más de 1.000 millones de personas viven sin electricidad y otros 3.000 millones utilizan combustibles contaminantes como leña u otra biomasa para cocinar”, agrega la entidad.

Un ranquin elaborado por el Banco Mundial el año pasado, ubicó a Colombia en el lugar 11 de 18 países de Latinomérica en materia de acceso a la electricidad.

Así las cosas, Romero concuerda con el ministro Arce y no descarta la necesidad de diversificar la matriz energética del país, es decir, el tipo de recursos (como agua, gas, biomasa, sol, viento, carbón, entre otros) que se utilizan para proporcionarle energía a los ciudadanos. El motivo de ello es hacer más confiable el sistema, que no dependa de un solo medio para responder a la demanda en el largo plazo (ver Radiografía).

Crisis de Hidroituango

Ante el retraso en la entrega de la central hidroeléctrica Hidroituango, que aportaría al SIN unos 2.900 MW, María Nohemi Arboleda, gerente general de XM, aseguró en un comunicado de prensa, publicado el pasado 29 de mayo, que no ve riesgos en la atención de la demanda de energía del sistema colombiano ni en el corto ni en el mediano plazo, porque cualquier faltante se podría suplir con generación térmica.

A pesar de eso, Arboleda advirtió que a partir de 2022 se podría presentar insuficiencia en la oferta de energía eléctrica si se generan escenarios hidrológicos críticos como el fenómeno de El Niño, que se caracteriza por fuertes periodos de sequía.

En ese caso, La Guajira podría jugar un papel importante de entrar en operación los 16 proyectos de generación renovable no convencional que están inscritos en la RPV en esa región desde 2016, que según la Upme, terminarían aportando 2.342,7 MW de capacidad instalada. Esto, sumado a los anuncios del presidente Santos del megaproyecto de transmisión de energía eólica, que transportará 1.360 megavatios, que incluye la construcción de la nueva subestación Colectora, y se conectará con las subestaciones Cuestecitas y La Loma. Son 370 kilómetros.

Pero, por ahora, lo que sí es seguro es que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) decidió autorizar subastas de electricidad para abastecer la demanda en 2022 y 2023 aunque todavía no ha dicho para cuándo se convocarán las licitaciones.

Credicorp Capital, firma especializada en asesoría financiera, señaló que de no suplirse los MW que debe inyectar Hidroituango, podría generarse un déficit de energía e incrementarse los precios del servicio eléctrico. “Durante la última escasez de electricidad, debido al fenómeno de El Niño en octubre de 2015, los precios de la energía alcanzaron un máximo histórico de 1.106 pesos/kilovatio-hora (actualmente 76,8/kWh)”, detalló.

Pese a que esa crisis ya pasó, los precios en Colombia no son competitivos, pues se ubicó en el puesto nueve de 14 en una clasificación sobre el costo en Latinoamérica, elaborada por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en 2017.

En lo que hay que trabajar

El Consejo Privado de Competitividad (Compite) sostiene, en su Informe Nacional de Competitividad 2017-2018, que “la confiabilidad, el precio de la energía y la calidad en la prestación del servicio eléctrico resultan de suma relevancia para la competitividad y productividad empresarial, pues determinan la estructura de costos de las organizaciones y dan certidumbre a la fabricación de bienes y prestación de servicios”.

Dicho esto, el consejo recuerda la Ley 1715/2014, promulgada con el fin de integrar las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional, y subraya que en materia de confiabilidad ha sido insuficiente para garantizar una mayor participación de estas en la matriz de generación del país, que sigue fundamentada en energía hidráulica y térmica.

En ese sentido, la organización dice que extender la capacidad instalada de las energías renovables no convencionales favorecería el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el COP21, en conjunto con otras acciones que se discuten en el capítulo Crecimiento verde.

Pero ello, requerirá inversiones considerables que hagan posible el desarrollo de ese tipo de infraestructura en el país (ver Opinión).

Ricardo Sierra, presidente de Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, comentó que, por ejemplo, instalar techos solares en el país es costoso y complicado porque la infraestructura de las viviendas colombianas no soporta el peso, pues solo un panel puede pesar aproximadamente 14 kilos.

En virtud de ello, William Álvarez, gerente de la división de Productos de Electrificación de la corporación multinacional ABB, aseguró que este es solo uno de los retos que tiene el país en este tema. “Aunque no veo un problema en el costo, ya que los materiales para producir energía solar han bajado a nivel mundial hasta en un 70 % en los últimos años”, apuntó.

Entretanto, la Asociación de Energías Renovables Colombia (SER Colombia), que agrupa a más de 50 compañías, sostiene que para diversificar la matriz energética del país es necesario aplicar una serie de ajustes regulatorios, entre ellos, la adopción de un sistema de subastas conducente a la adquisición de compromisos de largo plazo de entrega de energía por parte de los generadores.

De hecho, como se dijo al comienzo de este artículo, el Gobierno dio avances en esta materia al emitir el decreto 0570 de 2018; sin embargo, las reglas del juego no están claras porque no han dado detalles de cómo se manejaría ese mecanismo.

Aunque, Compite considera que ello tendría un impacto sobre los costos de energía, pues se estaría incentivando la entrada de agentes que por el momento no están en capacidad de prestar el servicio al menor costo económico.

Pese a esto, el viceministro de Energía, Alonso Cardona, informó que en los próximos días se publicará una resolución que define el mecanismo de subasta prometido por Arce a finales de 2017 y con la que se espera quede en firme a finales de julio. Pero, su ejecución no cumplirá con el plazo señalado por el titular de la cartera de Minas y Energía, y se llevará a cabo en el segundo semestre de este año.

**Tomado de elcolombiano.com en: