El operador deberá pagar una multa de $275 millones por no prestar el servicio público de transporte férreo de carga, según lo establecido en el contrato de concesión.

La Concesión Ferrocarril del Pacífico (FDP) deberá pagar una multa de $275.782.000, tras resolver el recurso de apelación por parte del superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, quien confirmó la sanción impuesta por la suspensión o alteración parcial del servicio, al comprobar que la empresa cesó de forma unilateral las operaciones en la red férrea del Pacífico.

La Delegada de Concesiones e Infraestructura había impuesto la sanción –en primera instancia– en julio de 2016, tras evidenciar que el concesionario suspendió la prestación del servicio durante 247 días en 2016.

Después de evaluar el material probatorio, Jaramillo concluyó que Ferrocarril del Pacifico no ha dado un argumento sólido para justificar la suspensión del servicio. “La situación de orden social en los municipios aledaños a la vía es la misma que en 2015, cuando por allí se movilizaron más de 230.000 toneladas. Así que esto no constituye impedimento alguno para la oportuna prestación del servicio”.

La Supertransporte también constató que FDP no adelantó los mantenimientos requeridos por la vía férrea: incumplimientos que quedaron en evidencia luego de las visitas de inspección realizadas por el ente de control. Durante las labores de supervisión se identificaron deterioros en la vía y también se constató la carencia de obras de estabilización del terreno en lugares donde el carril es próximo a la zona costera.

“Este concesionario atraviesa por una difícil situación financiera y administrativa, por tal razón se encuentra sometido a control desde junio de 2016. Esta figura los obliga a presentarnos un Plan de Recuperación y Mejoramiento, pero éste no cumplió con los requerimientos exigidos, por lo que –en junio pasado– se impuso una multa de $51 millones al gerente de la empresa”, indicó el Superintendente. 

FDP también afronta otra investigación por la suspensión del servicio en 2017 y una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta venta de activos de la concesión, sin autorización de la Supertransporte: un buldócer, una locomotora, un simulador de conducción de locomotoras, así como cuatro camionetas y 16 llantas de locomotora. 

Actualmente, en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) cursa un proceso de incumplimiento en contra de FDP, que podría declarar la caducidad del contrato de concesión.

* Concepto y redacción por Zonalogística con información brindada por la Superintendencia de Puertos y Transporte.